Al
agudizarse la conflictividad social, se profundizarán los ataques a la prensa.
Periodistas
y reporteros gráficos durante el ejercicio de su labor son el blanco de grupos
irregulares, colectivos violentos, funcionarios del Estado y cuerpos de
seguridad.
Así
lo sostiene Mariengracia Chirinos, coordinadora de Libertad de Expresión en el
Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), quien observa con preocupación el recrudecimiento
de estas agresiones desde el mes de mayo.
Solo
el jueves 2 de junio, durante la cobertura de varias protestas en Caracas, 19
trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron
amenazados, robados y en otros casos golpeados por civiles armados, ante la
pasividad y en otros casos acción cómplice de los efectivos policiales.
En
las regiones estos sucesos no se quedan atrás. La ONG Movimiento Vinotinto,
registra hasta la fecha, 7 agresiones a comunicadores sociales, cifra que
pudiera elevarse a 10 según el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Lara.
Asimismo,
la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz),
repudió recientemente prácticas intimidatorias para silenciar a periodistas
independientes.
Un
caso puntual son las agresiones al periodista Luis Alberto Perozo Padua, quien
en par de ocasiones ha recibido él y su familia amenazas directas, luego de que
hiciera eco de un par de denuncias sobre el mal funcionamiento del servicio de
gas (noviembre 2015) y el mal estado de las bolsas de comida de Pdval en el
municipio Palavecino (15 febrero).
Perozo Padua
y su familia han recibido mensajes a través de panfletos arrojados cerca de su
casa.
Su
familia también ha sido expuesta luego de que el periodista hiciera par de
denuncias a través de sus redes sociales y cuando prestaba servicios en EL IMPULSO.
Para
Funpaz la libertad de expresión y el ejercicio periodístico ha estado bastante
limitado en los últimos 17 años.
En
Lara se han registrado cinco casos por intimidación, uno por restricción
administrativa y uno por agresión, reveló la asociación civil.
Por
su parte, el abogado Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, expresa
que tales acciones se llevan a cabo durante las colas que a diario se originan
en la región producto del desabastecimiento y escasez de alimentos y medicinas.
“Observamos
una hipersensibilidad por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad
hacia la cobertura que hacen los comunicadores sociales de una realidad que es
innegable. Hay intimidación, agresión y amedrentamiento”, indicó.
Virgüez
recordó el caso de la periodista Diana Moreno, quien fue detenida por tomar
fotografías en un establecimiento comercial al este de Barquisimeto durante una
cola.
Moreno
denunció que la Guardia del Pueblo la retuvo “preventivamente” aproximadamente
por dos horas luego de tomar fotografías mientras hacía una cola para adquirir
productos de la canasta básica.
Los
reporteros gráficos y fotoperiodistas son mucho más vulnerables.
Por
citar apenas un caso, recientemente, el reportero gráfico Juan Brito, de esta
casa editorial, mientras cubría la repartición de unos números en el
establecimiento Cecocesola, fue intimidado por funcionarios policiales que
obstaculizaron su labor.
Sin
razón alguna y rodeando al reportero gráfico, lo presionaron para que eliminara
de su cámara una imagen que reflejaba a una funcionaria ayudando en la
asignación de los puestos.
Luego
de esa acción procedieron a amedrentarlo al solicitar y registrar de forma
amenazante sus datos personales en caso de que se llegara a hacer pública la
foto.
En
la capital
Por
otro lado, en virtud de las diferentes marchas que se han efectuado en Caracas
hasta el CNE a propósito de la solicitud que hace la Mesa de la Unidad
Democrática para activar el referendo revocatorio, numerosos trabajadores de la
prensa han sido agredidos, tal como lo ha reportado la organización Espacio
Público.
Ante
esos sucesos y los más recientes, ocurridos en el centro de Caracas -una
protesta por alimentos- Espacio Público rechazó la criminalización a la cual
está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de
manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle.
Entre
enero y mayo de este año Espacio Público ha registrado 40 casos de
intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y
material, detenciones arbitrarias y 19 casos de agresiones contra trabajadores
de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto
gobierno y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos
violentos denunciados.
Ante
esta realidad se exige que el Ministerio Público adelante las investigaciones
correspondientes de los hechos ocurridos y sancione a los responsables, sean
funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales.
Estas
investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera
conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Además,
el Estado debe garantizar la búsqueda y registro de información tanto de
periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho
humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.
Los
datos de IPYS
Mariengracia
Chirinos reitera que se han exacerbado los conflictos hacia la libertad de
expresión, mayormente hacia los periodistas desde el mes de mayo.
“Hemos
registrado a lo largo del año una tendencia hacia la conflictividad bastante
fuerte que se recrudeció y dirigió a la labor de los comunicadores en la
cobertura de calle, durante la denuncia ciudadana, coberturas de colas o
protestas por servicios”.
Apuntó
que esa realidad eleva el riesgo del oficio periodístico en la cobertura de
hechos que son de interés público.
“Se
limita al periodista a ejercer su labor y también se imponen una serie de
obstáculos para que el ciudadano no reciba información pertinente, oportuna y
adecuada”.
Respecto
a los hechos del jueves 2 de junio en el centro de Caracas, cuando 19
periodistas fueron afectados por cubrir un conflicto por la compra de
alimentos, al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) le
preocupa la actuación de grupos armados y funcionarios públicos de la Guardia
Nacional y Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Destacó
la actuación del jefe de Gobierno del municipio Libertador, Daniel Aponte,
quien le robó el teléfono a Deivis Ramírez, periodista de El Universal, cuando
cubría una cola.
“Hay
una diversidad de actores estatales y no estatales que actúan de manera
violenta para impedir la labor de los periodistas sin ningún tipo de riesgos o
amenazas”.
Destacó
que ya el IPYS había
advertido sobre actitudes violentas de Aponte porque fue uno de los diez
funcionarios más violentos que figuró en el tuitómetro parlamentario. Esta
persona que no logró alcanzar un curul en el Parlamento fue uno de los
premiados con cargos públicos.
Los
ataques contra la libertad de expresión se centran en la cobertura de calle,
suministro e insumos de impresión, así como de papel periódico, intimidación
por parte de funcionarios públicos a través de alocuciones oficiales o redes
sociales que causan un efecto inhibidor en los periodistas que ante el temor
prefieren guardar silencio para no exponer su integridad o su libertad.
“En
los primeros cinco meses del año nosotros contabilizamos 166 casos de
violaciones a la libertad de expresión, lo cual supone un comportamiento más o
menos similar al del año 2015 cuando se registraron 158 casos. Ya sobrepasamos
esa cifra”.
Las
mayores dificultades para el ejercicio del periodismo fueron en el mes de mayo,
cuando se contabilizaron 41 casos. En enero el reporte fue de 34 casos, en
febrero 35, en marzo 33 y en abril 23.
-¿La
tendencia es a elevarse estos números?
-En
la medida en que aumenta los conflictos de calle y las protestas también
aumenta el riesgo para la cobertura periodística, supone mayor riesgo. En el
marco de la cobertura de protestas ha habido detenciones arbitrarias,
agresiones físicas, hechos de intimidación, robo y confiscación de equipos. Hay
mayor riesgo en la exposición de los periodistas en la calle.
Esto
se aprecia en las protestas y procesos electorales. Los mayores riesgos se
centran en periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Además, se han
venido afectando asistentes técnicos y conductores, el equipo como tal. Las
mayores violaciones estos tres últimos años están dirigidas a periodistas de
medios privados, eso no quiere decir que sea solo así, también reportan casos
de agresiones a periodistas de medios del Estado y medios comunitarios.
CNP
Aura
Rosa Matheus, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
indicó que la denuncia no puede ser sólo a través de las redes sociales, debe
formalizarse el caso ante el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
“Tengo
conocimiento que en las colas los bachaqueros y los funcionarios de seguridad
están intimidado a los periodistas, lo cual es un hecho grave que pone en
riesgo el oficio”.
Exhortó
a la sociedad civil a proteger a los comunicadores, a respaldar su labor y a
registrar cualquier acción fuera de la ley en la cual resulte agredido un
reportero.
“Es
muy lamentable que la gente atente contra una cámara, que representa un bien
que le pertenece al periodista o reportero gráfico”.
Matehus
rechazó y repudió cualquier tipo de agresión y llamó al gremio a estar unidos
en esta lucha y compromiso con la sociedad que conjuga la labor periodística.
Denuncia,
no guardes silencio
El
periodista debe saber que cubrir un hecho de interés público es su derecho y se
debe respetar esa labor.
“Los
periodistas no son parte del conflicto, están allí para documentar lo que está
ocurriendo”, expresó Chirinos.
Le
hizo un llamado a la ciudadanía a registrar en la medida de lo posible, sin
exponer su vida, estos hechos de violencia contra los comunicadores sociales y
los propios ciudadanos, que suelen ser afectados bajo los mismos patrones que
los reporteros. La entrevistada agregó que en la medida en que estos hechos se
registren hay mayores posibilidades de comprobar lo ocurrido para hacer una
denuncia documentada. “Los periodistas tienen derecho a ejercer su labor
libremente y cualquier detención arbitraria o a la fuerza está fuera de la ley,
por lo cual debe ubicarse a un abogado que pueda asistir el caso y denunciar
públicamente”.
Denunciar
los hechos permite prevenir que se generen hechos futuros hacia el mismo
periodista afectado u otros comunicadores, no guardar silencio es fundamental,
así como seguir los canales regulares.
Si
no se formaliza la denuncia, se avala la impunidad.
Información
de EL IMPULSO
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